El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, José Ramón Amieva Gálvez, dijo ayer que el Gobierno capitalinoy el consorcio constructor ICA, Carso y Alstom instalaron dos mesas, una técnica y otra jurídica, para acordar la ruta para cumplir con la rehabilitación de la parte afectada de la Línea 12 del Metro.
En entrevista, el funcionario indicó que a través de esos mecanismos se establecerán conceptos y el esquema jurídico que se incluirán dentro de la liquidación y el finiquito del contrato, ya que el objetivo es que los trabajos se hagan de acuerdo a lo que estipula el contrato.
Así como atender las fallas de origen que en su momento determinen las instancias técnicas que son las empresas Systra y TSO, refirió. El funcionario aseguró que esas dos mesas se conformaron, luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García, y los diputados de la Comisión Especial Investigadora de la Línea 12 la semana pasada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
“Se estableció que lo prioritario es tener ya la Línea 12 funcionando, estableciéndose un plazo que señaló el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que fue de aproximadamente seis meses”, agregó.
Detalló que se debe reordenar el esquema de actuación técnica y jurídica para avanzar en el tema de la rehabilitación de la Línea 12 que originalmente corre de Tláhuac a Mixcoac.
En relación al juicio de acción declaratoria para saber los alcances del contrato que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el funcionario señaló que el próximo 4 de junio esa instancia jurídica se pronunciará al respecto.
“Estaremos atentos a que ellos respondan, nosotros acudimos al tribunal que, a nuestro juicio, es la instancia competente para conocer de todo lo relacionado con el cumplimiento contractual en Línea 12”, precisó.
Confió en que esa instancia se pronunciará sobre la existencia de la fianza y el esquema de mantenimiento que se ha venido dando en esta obra inaugurada en octubre de 2012.
Finalmente, el consejero Jurídico de la ciudad citó que aún no han sido notificados del amparo que interpuso el consorcio constructor ante el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil para evitar el pago de la fianza que asciende a mil 700 millones de pesos.
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