El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía anunciaron este martes investigaciones tanto a los organizadores del concurso ‘Miss Tanguita’, que se realizó el domingo en Barbosa (Santander), como a los padres de las 10 menores, entre los 7 y los 11 años, que participaron en este polémico certamen, que levantó un fuerte rechazo en el país.
La noticia enfrentó a los padres de las menores con el ICBF. Mientras el instituto, que defiende los derechos de los niños en el país, anunció que, incluso, los padres podrían perder la patria potestad, varios de ellos hablaron con EL TIEMPO y defendieron el reinado, organizado por la Alcaldía, en el que las niñas desfilan en traje de baño a orillas del río Suárez, en este municipio.
Los padres argumentan que el concurso tiene 20 años de existencia y ha convocado a cerca de 270 niñas, entre los 5 y 11 años.
“Eso no tiene nada que ver con prostitución y pornografía infantil. A ellas les gusta la carrera de modelo, es algo que se hace inocentemente, es un sueño. ¿Qué niña no sueña con ser princesa o reina?”, dijo la madre de dos niñas que participaron en el concurso.
A la polémica se sumó la personera de Barbosa, Tatiana Smith Mora, quien en su infancia modeló en la pasarela de Miss Tanguita y consiguió el título de virreina. La funcionaria argumentó que se ajustaron a parámetros establecidos por el ICBF.
“Nosotros le solicitamos a la Comisaría de Familia un informe sobre cómo se había realizado el proceso de la vinculación de las niñas al FestiRío (nombre oficial de concurso). También seguimos con los parámetros del ICBF, que nos pedía la autorización de los padres y madres del concurso”, afirmó la funcionaria.
Pese a la defensa de los padres, la Fiscalía seccional de Santander y el CTI iniciarán labores de verificación para establecer si hubo vulneraciones de la libertad, integridad y formación sexual de las niñas participantes.
El ente acusador descartará posibles violaciones del Código de Infancia y Adolescencia que configuren el delito de estímulo a la prostitución, explotación u otras conductas delictivas.
Los expertos coinciden en que los padres deben reflexionar sobre el hecho.
Para Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, es lamentable que ellos no se den cuenta del riesgo que corren las niñas al hacerlas protagonistas de reinados de este tipo.
“Es fatal que no se den cuenta de en qué están convirtiendo a sus hijas. A esa corta edad, las están haciendo objeto de deseo de adultos y las ponen en un riesgo enorme”, dijo.
Así mismo, Mario Gómez, director social de la Fundación Restrepo Barco, agregó que un evento de este tipo va en contravía del Código de Infancia y Adolescencia y de los derechos fundamentales de la infancia.
“Poner a los niños en un concurso de belleza desde tan temprana edad, algunos si se quiere o no con visos de erotismo, hace que la sola discusión desde el punto de vista estético de quién es más bonito a esa edad transgreda una serie de valores que deben imperar a la hora de educar niños y niñas en el seno de la sociedad, la familia y el Estado”, dijo Gómez.
Tanto Gómez como Piñeros coinciden en que los padres deben tener claro que son corresponsables, al igual que la sociedad y el Estado, en la formación de los niños y en que son ellos quienes deben inculcar valores.
Las autoridades regionales también se pronunciaron. El gobernador (e) de Santander, Omar Lenguerke, rechazó la organización del concurso y le solicitó un informe del hecho a la Alcaldía.
Mientras tanto, el defensor del Pueblo de Santander, Kadir Pilonieta, hizo un llamado a los organizadores del certamen para que “no expongan el cuerpo de las menores, incitando a delitos sexuales”.
Agregó que hizo una petición a las autoridades administrativas y de control para que investiguen estos eventos, promovidos con recursos del Estado.
‘No es un acto cultural’
Cristina Plazas, directora del ICBF, ordenó abrir un proceso de restablecimiento de derechos a las diez menores de edad que participaron en el evento y envió a Barbosa a Íngrid Rusinque Osorio, directora de Protección de la entidad, para que asuma dicho proceso.
Plazas explicó que cuando se abre un proceso de restablecimiento “se verifican cuáles fueron los derechos vulnerados a los niños y niñas, y puede incluir hasta la pérdida de la patria potestad de los padres sobre sus hijos”.
Además, a las autoridades locales y alcaldes del país les recordó que son los “directos responsables de la política pública de protección integral de los menores y de los niños y niñas” y cuestionó la autorización de estos eventos.
En el proceso de restablecimiento de derechos, Plazas dijo que el ICBF hará una “fuerte investigación” de las publicaciones que se hicieron del caso. “Exponer a unas niñas en vestido de baño no es un acto cultural”, concluyó.
EL TIEMPO
