La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha apuntado que el reciente derribo de un avión de la compañía Malaysia Airlines en el este de Ucrania, que acabó con la vida de los 298 pasajeros, puede catalogarse como crimen de guerra.
“Esta violación del derecho internacional, dadas las circunstancias del caso, puede constituir un crimen de guerra. Es imprescindible que se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva, eficaz, independiente e imparcial”, añadió Pillay en un informe sobre la situación de derechos humanos en Ucrania.
Pillay precisó que el “horrendo derribo” del avión, ocurrido el pasado 17 de julio, se produjo “justo después” del cierre del informe hecho público este lunes.
El informe señala que las cifras de víctimas son difíciles de medir con fiabilidad, pero, según los mejores datos disponibles, desde mediados de abril hasta el pasado 15 de julio han muerto 1.000 personas, cifra que se eleva a 1.129 fallecidos y 3.442 heridos hasta el 26 de julio. Además, los daños materiales del conflicto, según el Gobierno ucraniano, ronda los 8.000 millones de grivnas (unos 500 millones de euros).
Pillay aclaró que todos los involucrados en el conflicto de Ucrania, “incluidos los combatientes extranjeros” prorrusos, deben hacer “todo lo posible” para garantizar que “las personas que cometan graves violaciones del derecho internacional, como crímenes de guerra, serán llevadas ante la justicia, sin importar quiénes son”.
Por otro lado, el informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluye que “un colapso total de la ley y el orden, y un reinado de miedo y terror han sido infligidos por grupos armados contra la población del este de Ucrania”.
Detenciones torturas y ejecuciones
El informe documenta cómo estos grupos armados “siguen secuestrando, deteniendo, torturando y ejecutando a personas mantenidas como rehenes, con el fin de intimidar y ejercer su poder sobre la población con formas brutales”, y precisa que, “bien organizados y bien equipados militarmente, estos grupos armados han intensificado su desafío al Gobierno de Ucrania”.
Así, recoge cómo la impunidad en las zonas bajo el control de los grupos armados prorrusos en el este de Ucrania ha llevado al “colapso del Estado de derecho”. Por ejemplo, menciona que estos grupos han secuestrado o detenido a 812 personas en las regiones de Donetsk y Lugansk desde mediados de abril, entre ellas políticos locales, funcionarios públicos, empleados de la industria del carbón, maestros, periodistas, religiosos y estudiantes.
La misión de la ONU que ha elaborado el informe subraya que en este mes de julio ha habido “una aceleración de las operaciones de seguridad del Gobierno” en las zonas que están bajo control de los grupos armados prorrusos, de manera que se han producido “intensos combates en los alrededores de centros de población”, con la consiguiente “pérdida de vidas, propiedades e infraestructuras”, así como el desplazamiento de miles de personas.
“Los informes de los cada vez más intensos combates en las regiones de Donetsk y Lugansk son extremadamente alarmantes, con ambos lados empleando armamento pesado en zonas urbanizadas, incluyendo artillería, tanques, cohetes y misiles”, dijo Pillay, quien añadió que “ambas partes deben tener mucho cuidado para evitar que haya más civiles muertos o heridos”.
Además, comentó que podrían constituir violaciones del derecho internacional humanitario que “cada vez más personas sean asesinadas con graves daños a la infraestructura civil”.
El informe recalca que el deterioro de la situación en el este de Ucrania está impactando negativamente en el resto del país, puesto que más de 100.000 personas han huido de las zonas de combate y han tenido que ser alojadas temporalmente en otros lugares.
El Mundo
