La Secretaría de la Función Pública determinó inhabilitar y en algunos casos también destituir a seis funcionarios adscritos al área de centros de readapatación federales por su presunta responsabilidad de orden administrativo en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, según lo dio a conocer el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, tras cinco meses de investigaciones. En rueda de prensa rechazó que el ex comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido haya estado involucrado en las investigaciones.
En primer término mencionó que Celina Oseguera, coordinadora general de penales federales, fue inhabilitada por 10 años debido a violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al reglamento que rige los centros federales de readaptación social, y al manual de protocolos que rigen a estas instalaciones. La SFP encontró que Oseguera no asignó el presupuesto para la actualización de sistemas de seguridad internos y la optimización de acciones al interior del Cefereso; no se llevaron a cabo un conjunto de acciones para optimizar diversos sistemas de operación interna y celebró una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2014 para autorizar la entrega de un televisor a Guzmán Loera infringiendo reglamentos.
De igual forma Leonor García, directora técnica del Centro de Readaptación Social del Altiplano y titular del área jurídica, fue destituida e inhabilitada por 10 años por no haber declarado el sistema de alerta máxima en forma inmediata en cuanto se conoció la evasión del reo. García infringió también la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y los diversos reglamentos que rigen a los Ceferesos.
Andrade refirió que también fue inhabilitado por 10 años Valentín Cárdenas Lerma, director general del penal, pues omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad federales al momento de conocerse la evasión; no activó a tiempo el código rojo de alerta para responder a la situación y porque hubo problemas con la visualización del monitor de la celda de Guzmán Loera. Asimismo, se le imputa abuso de autoridad porque también participó en la sesión extraordinaria de funcionarios de diciembre de 2014 en la que se entregó el televisor al reo.
Entre los otros funcionarios inhabilitados por 10 año se encuentran Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario adscrito al penal del Altiplano por no actuar con diligencia para activar el código rojo y omitir la vigilancia permanente en el área que le correspondía; Esteban Estrada, oficial del centro de readaptación, también inhabilitado por no atender las llamadas que se efectuaron para la activación del código rojo ni dar la alerta correspondiente a otras autoridades y Juan Ignacio Orozco, supervisor penitenciario, destituido e inhabilitado 10 años por estas mismas razones.
Andrade dijo que por ahora no hay más funcionarios investigados en relación a la fuga de Guzmán Loera, por lo que descartó que servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional pudieran ser sancionados.
En otro orden de ideas, anunció que se instrumentarán reformas reglamentarias en materia de contrataciones públicas para fortalecer la transparencia e imparcialidad. Entre ellas se incluye el impulso al régimen de contrataciones abiertas mediante la ampliación del Compranet; adecuación de las investigaciones de mercado previas a los procesos de contratación; mejoramiento de las reglas sobre contrataciones consolidadas y contratos marco; reforzamiento de reglas y condiciones de transparencia en contrataciones restringidas y el fortalecimiento de la figura del testigo social.
La Jornada
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