El video que registró la ejecución del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, en Metepec, fue tomado por las cámaras de seguridad del fraccionamiento residencial de la calle Árbol de la Vida número 700, y entregado a las autoridades del Estado de México. Al haber éstas filtrado las imágenes –que se difundieron en medios de comunicación–, ese material podría ser inválido como prueba dentro del caso.
Después de que se reprodujo el video en los medios, el Consejo de la Judicatura Federal advirtió en un comunicado oficial que la filtración y difusión “infringe la obligada reserva legal de la investigación, compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas, en este caso, su familia”.
Aseguró que “recurrir a la filtración de una prueba tan importante”, como lo es el video antes citado, “revela un interés distinto, y ciertamente repudiable, al de preservar un elemento valioso que permita la oportuna detención de los probables responsables”.
En ese sentido, abogados especialistas consultados por El Financiero explicaron que con el nuevo sistema de justicia, las pruebas deben ser celosamente recabadas y resguardadas para que se presenten ante el juez, sin que se violen principios fundamentales como el debido proceso o la presunción de inocencia.
La difusión en medios de comunicación del video, en el que se observa cómo un hombre se aproxima al magistrado y le dispara en la cabeza, mientras hacía ejercicio en el fraccionamiento de la colonia Llano Grande, en Metepec, Estado de México, “afecta por dos cosas, porque va a dificultar la captura del responsable, pero más importante aún, porque ese video se convirtió ya en una prueba ilegal, porque en automático anula la presunción de inocencia”, dijo el doctor en derecho Óscar Valdés.
El experto aseguró que el espíritu del nuevo sistema de justicia penal es precisamente el recabar y aportar pruebas obtenidas con metodología, respetando la cadena de custodia, para evitar que contaminen el proceso y sobre todo que se hagan públicas antes de que el juez las valore.
JUEZ FUE INTIMIDADO
Los primeros testimonios que recabó la autoridad revelan que entre finales de septiembre y principios de octubre, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías sufrió una intimidación a la cual no le dio mayor importancia.
El testigo explicó que aquel día dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al juez Bermúdez Zacarías cuando llegaba a su domicilio, pero al ver que se dirigían hacia él, alcanzó a esquivar la unidad.
Sin embargo, el magistrado no denunció este hecho ante el Consejo de la Judicatura Federal, quien por consiguiente no le proporcionó un equipo de escoltas, pues no se veía en riesgo su integridad.
En tanto, el expediente del caso ya fue enviado a la PGR, instancia que estará a cargo de continuar con la indagatoria. Se prevé que comparezca todo el personal del Juzgado Quinto, entre ellos la secretaria particular, Yaib Patricia González Torres, y los secretarios Jaime Arzate, Roberto Frías, Eloísa Salinas, Yamín Dávalos y Alberto Castro. Incluso, no se descarta que se llame a declarar al juez Jorge Arturo Porras, quien, hasta marzo pasado, tuvo a su cargo el citado Juzgado y quien habría sido enviado a otro juzgado por anomalías en su encargo.
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