La conversión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en movimiento legal, generará una recomposición en el escenario político-electoral con miras a las futuras elecciones colombianas regionales y presidenciales.
El salto de las FARC, de organización armada a movimiento político legal, tiene un significado histórico en la política electoral y en el ejercicio de la democracia en Colombia.
Además de representar uno de los retos hacia la reconciliación de este país sudamericano, después de 52 años de guerra.
El próximo 23 de septiembre, en las selvas del sur de Colombia, las FARC aprobarán durante su Conferencia Nacional Guerrillera la conversión en partido político, el cual buscará llegar al poder por la vía de los votos, al igual que los liberales, conservadores, comunistas, izquierdistas e independientes.
Los últimos 52 años las FARC ejercieron la política con las armas para intentar llegar al poder, lo cual cambiará a partir del 26 de septiembre, cuando se firme el Acuerdo Final entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo del grupo rebelde, Timoleón Jiménez.
Con la firma de la paz desaparecerá para siempre la estructura armada vertical, para abrir espacio a un movimiento legal, cuya sigla ya se discute en el seno de la Asamblea Nacional Guerrillera, que es el máximo órgano de dirección del grupo insurgente.
La sigla del nuevo partido es un asunto complicado de resolver, por lo que significa el nombre para toda su militancia.
Asimismo, los jefes guerrilleros y sus asesores son conscientes de que si le apuestan al cambio de armas por votos, tienen que despojarse del nombre FARC, que en el imaginario de los colombianos significa: armas y guerra.
Partido de la paz, partido de la esperanza, son nombres que se han puesto en la Conferencia Nacional Guerrillera, un asunto que parece simple, pero que en la realidad y con miras a jugar en el escenario político legal, tiene que cambiar de forma y de fondo.
Así como el verde olivo y su radicalismo de luchar por el poder con las armas quedarán atrás, también tendrán que despojarse del sello FARC para construir otra marca acorde con los convenios firmados en Cuba y con sus perspectivas en la vida política colombiana.
El ingreso a la política de este nuevo actor va a generar una recomposición en el espectro político electoral con miras a las próximas elecciones regionales para designar alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, así como las presidenciales de 2018.
Las jornadas electorales de los últimos 52 años estuvieron cruzadas por el abstencionismo agitado desde las armas de la insurgencia, los sabotajes y atentados a candidatos e infraestructura, en todo el territorio nacional.
El accionar de las guerrillas fue un factor que, paradójicamente, benefició cada vez más -en términos políticos electorales- a las derechas extremas y de centro, y afectó considerablemente a los movimientos de izquierda que han estado también en la lucha electoral.
El conservador Andrés Pastrana llegó a la Casa de Nariño en 1998, gracias a las FARC, pues prometió firmar la paz con el grupo rebelde que le estaba ganando la guerra a las Fuerzas Militares de Colombia, como lo reconocen oficiales del Ejército activos y en retiro.
Los diálogos en el gobierno de Pastrana (1998-2002) fracasaron porque el Estado negoció como estrategia para oxigenarse y modernizar su aparato militar con apoyo de Estados Unidos, y su denominado Plan Colombia.
Las FARC, por su parte, aceptaron la propuesta de diálogo con Pastrana, no para firmar la paz, sino como una estrategia de acumulación de fuerzas para dar el salto final y llegar con sus hombres a la Plaza de Bolívar.
Es decir, los objetivos de ambas partes fueron la guerra y no la paz.
En esta dinámica y ante la ruptura del proceso de paz, que se conoció en Colombia como los diálogos de San Vicente del Caguán, surgió en el debate electoral de 2002 la figura de Álvaro Uribe Vélez, que antes de la ruptura tenía una intención de voto de menos del 3.0 por ciento.
Uribe Vélez de inmediato aprovechó el momento político de frustración y le apostó a buscar la derrota militar de las FARC.
Mientras la guerrilla potenció sus atentados y secuestros masivos y selectivos, el candidato representante de la derecha subió como espuma y en cuestión de un par de meses ya estaba liderando las encuestas.
Con el discurso de la guerra contra la guerrilla, Uribe Vélez logró dos mandatos consecutivos (2002-2010) y su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con los mismos argumentos, ganó las elecciones para la Presidencia (2010-2014).
En el primer gobierno de Santos, las FARC estaban en su nivel más bajo de fuerza militar y política, debilitadas pero no derrotadas. Es en este contexto que Santos propone para su segunda gestión una salida política negociada al conflicto armado en Colombia.
Mientras en América Latina, la izquierda ganaba elecciones: Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, el péndulo en Colombia estaba a la derecha, con una izquierda dividida, que a duras penas lograba una minoría en el Congreso, escasos escaños en los concejos, y asambleas, y mínimas alcaldías.
Entre 1998 y hasta las pasadas elecciones de 2014, la guerra ardía en Colombia y las derechas crecían con sus diferentes matices en el escenario político electoral, mientras los movimientos de izquierda seguían divididos, al igual que los procesos de los últimos 52 años.
Con la llegada de un nuevo actor en el escenario electoral, que es el espacio democrático para buscar el poder, Colombia tendrá elecciones con menos bombas y muertos que antes.
Sólo menos porque aún hay actores ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el movimiento guerrillero surgido a mediados de la década de los 60 del siglo pasado.
En la fase de posconflicto aparecerán o se consolidarán nuevas fuerzas de extrema derecha, de centro derecha, de extrema izquierda, de centro izquierda, independientes y movimientos sociales.
Los partidos tradicionales: Liberal, Conservador y Comunista, serán los más afectados en esta nueva recomposición, o los más beneficiados si logran aprovechar su experiencia de maquinaria política para generar nuevas propuestas más incluyentes.
Las FARC ya anunciaron que no son partidarias “de fijar plazos en esas cuestiones (de alianzas políticas), pero lo que podemos decir es que no poseemos vocación de perdedores”.
La meta de las FARC, como movimiento legal, “es organizar y movilizar la población colombiana para arrebatarle el poder político a la clase que lo ha detentado durante siglos, a fin de crear un país democrático, justo y próspero en el término más corto posible”.
NTX
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