Ocho de las 14 medidas anunciadas este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, para lograr cambios en seguridad, justicia y desarrollo económico que eviten otro caso como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, requieren del aval del Congreso mexicano para hacerse realidad y empezar a dar resultados.
En un mensaje en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el próximo lunes enviará a las cámaras las reformas correspondientes a cuatro de estas medidas: una para crear una ley contra la infiltración criminal en los municipios, una para definir con claridad las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al delito, una para crear mandos únicos policiales en las 32 entidades del país y una para desvincular el salario mínimo de conceptos como multas o tarifas.
Durante el siguiente periodo ordinario de sesiones -que arranca el 1 de febrero- presentará dos iniciativas más: un paquete para hacer más eficaz la “justicia cotidiana”, en temas como juicios familiares o laborales, y uno para crear zonas económicas especiales en entidades del sur, con el fin de impulsar su desarrollo.
Las últimas dos reformas buscarán crear leyes contra la tortura y la desaparición forzada, así como establecer un Sistema Nacional Anticorrupción con tribunales y un fiscal especial. Sobre el primer asunto, el presidente no precisó cuándo enviará sus propuestas al Congreso, mientras que del segundo expresó “decidido respaldo” al planteamiento que actualmente debaten las cámaras, el cual fue presentado por el opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Para algunos analistas, el hecho de que estas medidas requieran la aprobación del Poder Legislativo -donde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) carece de la mayoría para avalar por sí solo estos cambios- no sólo implica que deberán negociarse, sino que tardarán meses o incluso años en implementarse y dar los resultados esperados.
El politólogo Fernando Dworak, especialista en temas legislativos, citó como ejemplos la reforma para definir las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al delito y la correspondiente al mando único policial.
Para Dworak, la primera generará tensiones entre los principales partidos porque implica fijar responsabilidades en la materia, en tanto que la segunda tendrá una instrumentación compleja incluso si tiene consenso entre las bancadas.
“Cualquier cosa que podamos hacer va a ser parte de un esfuerzo muy largo y de muy largo alcance. No vamos a llegar a tener instituciones sólidas sino después de varios lustros, si acaso comenzamos a tomar las decisiones correctas”, dijo en entrevista este jueves.
El académico Francisco Burgoa, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en que el plan anunciado por Peña Nieto es “ambicioso”. Sin embargo, consideró que aún es necesario conocer los detalles de cada propuesta para identificar sus implicaciones y posibilidades de éxito.
“Esto tiene que traducirse, en un primer momento, en propuestas concretas. Dicho en lo genérico, así como lo presentó, por supuesto que se escucha bastante bien el hecho de tener un fiscal anticorrupción, de tener una ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, de tener la facultad para disolver ayuntamientos (infiltrados). Son ideas que se escuchan bastante bien, pero hay que tener un análisis muy puntual derivado de la propuesta en concreto”, dijo.
Por ejemplo, todavía no está claro si la propuesta de Peña Nieto implica que las policías municipales queden subordinadas a un mando estatal o que desaparezcan.
¿Extraordinario en enero?
Las primeras cuatro iniciativas de Peña Nieto llegarán al Congreso el mismo día que el mandatario cumple dos años en el poder y a dos semanas de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones de las cámaras, el 15 de diciembre próximo.
Cuestionado sobre esta situación, el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, señaló este jueves las propuestas presidenciales podrían empezar a analizarse en lo que resta del mes, para discutirse y votarse en un periodo extraordinario convocado en enero.
“Debemos darnos ocho o 10 días para estudiar esto y que en enero pudiera ser. Sin embargo, no me puedo adelantar porque todavía no tenemos ni las iniciativas para hablar de un periodo extraordinario”, dijo a medios tras el anuncio presidencial.
El martes, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) informara que el presidente anunciaría medidas, el líder en el Senado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, también se declaró a favor de que se realice un periodo extraordinario, bajo el argumento de que México necesita reformas para evitar más casos como el de Ayotzinapa.
“El Congreso tendrá que respaldar las propuestas, previo análisis, hacer las reformas, y tienen que ser inmediatas. Por eso me atrevo a decir que si hay necesidad, hay que hacer periodos extraordinarios, al terminar este periodo ordinario, para poder resolver cosas”, dijo.
La dirigencia del PAN, en tanto, señaló este jueves en un comunicado que conformará comisiones internas para analizar las iniciativas presidenciales y fijar una “postura puntual” en cada una de ellas.
El factor electoral
Al respecto, Dworak consideró que si estas reformas no se aprueban a más tardar en enero del próximo año, su discusión se complicará porque las contiendas electorales de 2015, tanto federales como locales, tensarán las relaciones entre los partidos.
“Todo este tipo de reformas van a estarse discutiendo en un periodo de crispación electoral. Entonces, creo que si realmente hay una visión para aprobar esto, si realmente hay una intención para que esto se apruebe rápido, tenemos que tratarlo en estas semanas o en un extraordinario que tenga lugar en enero”, dijo.
Además de reformas, el plan de Peña Nieto incluye otras seis medidas de carácter ejecutivo que el presidente de la República puede echar a andar de inmediato.
Estas acciones son impulsar la creación de un número telefónico único de emergencias, una clave única de identidad, un portal para transparentar la información de los proveedores y contratistas gubernamentales, incentivos fiscales para productores agropecuarios del sur y de espacios de diálogo con la sociedad civil, así como realizar un operativo especial anticrimen en municipios de Guerrero y Michoacán de la región de Tierra Caliente.
CNN México
