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Sociedad

Gobierno, dispuesto a cumplir recomendaciones de CNDH: Peña Nieto

Desde el inicio de la administración, el Gobierno de la República ha demostrado su absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las observaciones que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó el Presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de la presentación del Informe Anual de Labores del presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzáles Pérez, el Mandatario Federal enfatizó que en la agenda de los derechos humanos, la sociedad civil juega un papel fundamental.

Dijo que son voces ciudadanas las que señalan áreas de oportunidad, denuncian abusos o generan valiosas propuestas de políticas públicas en favor de los derechos fundamentales, y que “aunque en ocasiones haya diferencias, y opiniones distintas, el Estado mexicano en su conjunto debe valorar estas contribuciones y continuar abriendo espacios para la activa participación de la sociedad civil”.

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, sostuvo que “un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil, es un gobierno que comprende que la verdadera democracia se construye mediante un diálogo permanente con los ciudadanos”.

Asimismo, que una sociedad civil dinámica enriquece a México, y que cerrarle espacios de participación a la sociedad civil “significaría perder una de las fuerzas de cambio más poderosas con las que cuenta nuestro país”.

En las últimas décadas, la importancia de los derechos humanos ha ido cobrando fuerza en la conciencia diaria de la nación, y a pesar de que falta camino por delante, “estoy convencido de que avanzamos en la dirección correcta”, indicó el titular del Ejecutivo federal.

Manifestó que hoy existe una nueva cultura ciudadana que reconoce a los derechos humanos como una causa que nos une y nos convoca a todos, y que:

“Juntos, sociedad y gobierno, avanzamos hacia un México donde impere la ley y se haga justicia para que cada ciudadano ejerza con plenitud sus derechos fundamentales”.

Peña Nieto expuso que durante su administración, la protección y defensa de los derechos humanos se ha sustentado en tres pilares: la construcción de un marco legal adecuado, el desarrollo de instituciones sólidas que aseguren su cumplimiento, y la promoción de su plena observancia en todos los ámbitos.

Enumeró que para fortalecer el régimen jurídico de los derechos humanos, se establecieron nuevos ordenamientos que atienden retos históricos de nuestra sociedad, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial.

Destacó la importancia de la Ley General de Víctimas, la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, en cinco años, refirió, se aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales la reforma al Código Penal Militar, y la nueva Ley de Amparo que ahora también tutela los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales reconocidos por México.

En el segundo pilar se encuentra el desarrollo de instituciones sólidas que contribuyen a que los derechos humanos pasen del papel a la práctica, como el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los 32 centros de justicia para la mujer, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En este punto, el Mandatario reconoció y agradeció la participación de la CNDH y de la sociedad civil, en este proceso de institucionalización, desde el diseño, hasta su activa participación en el funcionamiento de estos nuevos mecanismos.

En el tercer pilar, apuntó Peña Nieto, se encuentra asegurar la plena observancia de los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida diaria, en lo que el Estado ha tenido avances concretos, como la constitución del Comité de Derechos Humanos e Igualdad del Seguro Social.

La capacitación de integrantes de todo el sector salud, la coordinación con otros países para agilizar los procesos de repatriación de migrantes indocumentados por parte del Instituto Nacional de migración, y la elaboración de protocolos para el uso de la fuerza y la capacitación en materia de derechos humanos de las Fuerzas Armadas, y la Policía Federal.

El Presidente afirmó que el informe anual de la CNDH “es un valioso elemento que contribuirá a fortalecer las funciones que realiza el gobierno de la República para promover, proteger y defender los derechos fundamentales en nuestro país”.

Reconoció el trabajo del organismo y reiteró la voluntad “constante, permanente y acreditada del gobierno de la República para realmente asegurar la observancia plena de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

El Informador

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Policia

Joven indígena murió por negligencia médica cinco horas después de dar a luz

Adelaida Nicolás León ingresó a la sala de partos a las 19:50 horas del 29 de noviembre de 2014, para dar a luz a su segundo bebé. Cinco horas después, la joven estaba muerta.

Adelaida tenía 27 años, pertenecía a la etnia amuzga, y su vida terminó en un hospital de la Secretaría de Salud de Guerrero, entidad que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el índice de muertes maternas.

El embarazo de Adelaida había sido declarado como de “alto riesgo”, debido a que siete años antes, al tener a su primer hijo, la joven presentó preclamsia, razón por la cual su evolución fue seguida no por los médicos de la clínica pública de su comunidad, sino directamente por expertos del Hospital General de Ometepec, Guerrero, al que fue referida para recibir atención especializada.

El expediente médico de Adelaida deja ver que, durante el mes previo a su parto, la joven indígena acudió en cinco ocasiones al hospital de Ometepec para ser valorada, y luego –el día 29 de noviembre– acudió desde temprana hora ya con labores de parto, para dar a luz a una niña.

El expediente revela que luego de dar a luz, las enfermeras que asistieron la intervención reportaron que la placenta no había sido expulsada completamente, pero la joven no fue valorada por un médico sino hasta una hora después.

Luego de la supuesta revisión, este médico inscribió en su reporte que no quedaba ningún residuo y que Adelaida evolucionaba normalmente.

No obstante, a las 3:00 de la madrugada del día siguiente, la señora Agustina León, mamá de Adelaida, quien esperaba en la sala de espera del hospital, fue convocada por las enfermeras, para que limpiara a su hija, ya que “estaba haciendo feo”.

Cuando la señora Agustina llegó junto a su hija, la encontró convulsionando y con una hemorragia entre las piernas.

Según su denuncia, las enfermeras se negaron a ayudarla porque “estaban enfadadas con la paciente, ya que (aseguraron que en el pasado) habían tratado partos de chamacas de 12 años, y que Adelaida ya estaba vieja para que hiciera eso”. Además se burlaron de que la joven indígena fuera madre soltera, usaron un celular para grabar las convulsiones que sufría, y luego se alejaron.

La mamá de Adelaida gritó pidiendo ayuda. Una vez que el especialista llegó a su lado, la mamá de Adelaida salió para avisar a sus familiares lo que ocurría.

Minutos después, la señora Agustina volvió junto a su hija, pero ya había fallecido.

El encargado del hospital sólo le explicó que Adelaida murió “porque se le había subido el agua de la fuente a la cabeza”.

Era una burla y una mentira: Adelaida había muerto, en realidad, por un “cuadro de placenta incretada”, es decir, residuos de la placenta quedaron dentro de su útero luego del parto y provocaron una hemorragia que, en pocas horas, le quitó la vida.

Violencia obstétrica

Según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Guerrero se registraron 44 mil 414 nacimientos durante 2014. En el mismo periodo murieron 42 mujeres por situaciones relacionadas con el alumbramiento.

En Guerrero, nueve de cada 10 mil mujeres mueren al año durante el parto.

La tasa de muertes maternas por cada 10 mil partos en Guerrero es prácticamente del doble que el promedio nacional, que es de 5 fallecimientos.

En este rubro, Guerrero sólo es superado por Chiapas, con 11 muertes maternas por cada 10 mil partos, y por Tabasco, del que lo separan apenas unas de décimas en la estadística: la tasa de Tabasco es de 9.56 casos, y la de Guerrero es de 9.48.

La muerte de Adelaida es ejemplo de los distintos problemas de exclusión y falta de protección gubernamental que sufren las mujeres mexicanas.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades de Salud de Guerrero –en particular los servidores públicos que la atendieron en el Hospital de Ometepec– violaron distintos derechos de Adelaida, empezando por el derecho a la vida.

Además, violaron su derecho a tener una vida sin violencia por su condición de género; y violaron también su derecho a recibir atención médica adecuada, y a recibir información de salud de forma oportuna y adecuada.

Por otra parte, la CNDH concluyó también que las autoridades violaron varios derechos de la hija recién nacida de Adelaida, como su derecho a la protección de la salud, y a su integridad personal.

Las anomalías detectadas en la atención que la Secretaría de Salud de Guerrero brindó a esta joven indígena abundan: cuando llegó al Hospital de Ometepec, con dolores de parto, en su expediente clínico se omitió inscribir distintos rubros básicos, como el ritmo de las contracciones uterinas, la altura del fondo uterino, o síntomas como la fiebre que presentaba.

Además, a pesar de que durante todas las citas previas se subrayó en sus fichas médicas que el suyo era un embarazo de “alto riesgo”, esta condición no fue inscrita en el informe con el que arranca todo proceso de atención de partos, que es la “Hoja de Triage Ginecológico-Obstétrico”.

Todos estos datos que fueron omitidos eran “de vital importancia para la adecuada vigilancia del parto, toda vez que la finalidad del Triage Obstétrico es identificar rápidamente la presencia de alguna complicación, catalogar su gravedad y establecer las acciones inmediatas a seguir”, tal como concluyó la CNDH, tras analizar el caso de Adelaida.

Luego de llegar al Hospital, esta joven fue puesta en espera durante casi nueve horas, a pesar de que su estado de salud demandaba su inmediato traslado al área obstétrica, y no fue sino hasta las 19:50 que fue ingresada a Urgencias, y luego a la sala de partos.

La actitud agresiva que la señora Agustina detectó en en el personal médico inició, de hecho, una vez que inició el parto, tal como dejan ver las declaraciones de las enfermeras que lo asistieron.

“La paciente no cooperaba con nosotras –señala una de las declaraciones recuperadas por la CNDH–, por más que le explicábamos la posición que ella debía tener, no nos hacía caso y al final, cuando el bebé ya iba a salir, ella apretaba las piernas, las caderas las cerraba y el bebé venía con circular en el cuello, y ella aún así no cooperaba con nosotras.”

Una semana después del parto y de la muerte de Adelaida, su madre, la señora Agustina, detectó que la bebé no movía uno de sus brazos, por lo que la llevaron con un médico particular, quien diagnosticó que lo tenía dislocado.

Médicos de la CNDH concluyeron que la bebé sufrió la lesión durante el proceso de parto, sin embargo, no pudieron concluir si fue resultado de una mala práctica, o consecuencia de que –según las declaraciones del personal médico– la bebé “se atoró al momento de la expulsión”, obligando a aplicar más fuerza para completar el parto.

¿Justicia?

La CNDH no da a conocer el nombre del doctor que atendió el parto de Adelaida, pero lo describe como un “médico interno de pregrado”, es decir, “aún en formación”, quien “no fue supervisado por personal capacitado o por el Jefe de Servicio de la Unidad Hospitalaria” durante la atención a la joven indígena.

La supervisión de los médicos en formación no es algo que quede a criterio de los médicos titulares, sino que es una obligación establecida por las normas mexicanas. No obstante, esto no ocurrió.

Por el contrario, el médico titular sólo acudió a valorar a Adelaida cuando ya presentaba una hemorragia “abundante vía transvaginal”. Aunque este mÉdico titular firmó el reporte de la revisión, luego admitió que sólo firmó el documento, el mismo practicante que la había atendido desde que llegó al hospital fue la que colocó un “tapón vaginal de gasas quirúrgicas”, sin retirar los residuos de placenta que estaban provocando esa hemorragia.

A pesar del abundante sangrado, Adelaida no recibió transfusiones sanguíneas.

La Secretaría de Salud estatal inició por estos hechos una investigación administrativa, tras la cual concluyó que no hubo ninguna irregularidad por parte del personal médico que atendió a Adelaida y su hija recién nacida.

Pocos días después de la muerte de la joven, la Fiscalía del Estado inició una averiguación previa de índole penal. A casi dos años de los hechos, esta averiguación previa sigue en integración; es decir, ni siquiera han definido si existió algún delito que perseguir, relacionado con este fallecimiento.

Ayer, 26 de octubre de 2016, la CNDH presentó las conclusiones de su propia investigación, enumerando todas estas irregularidades, y anunciando que presentará una nueva “denuncia de hechos” ante la Fiscalía estatal.
Adelaida nunca pudo conocer a su bebé.

Animal Político

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Policia

Procuraduría General analizará reporte de CNDH sobre caso Iguala

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que analizará las nuevas observaciones y propuestas contenidas en el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hecho público este lunes, para la atención que corresponda en el ámbito de sus atribuciones.

En un comunicado, la dependencia reiteró su compromiso de mantener una investigación exhaustiva que permita esclarecer de forma integral, los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El organismo público autónomo aseguró que Julio César Mondragón no murió por disparo de arma de fuego, sino por traumatismo craneoencefálico.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no hay indicios de una acción humana en el desollamiento (desprendimiento de la piel del rostro) de Julio César Mondragón.

José Trinidad Larrieta, responsable de la oficina especial para el Caso Iguala, dijo que fue fauna nociva y depredadora (perros y ratas), quienes provocaron las lesiones en un lapso de seis a ocho horas, aproximadamente.

NTX

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Emite CNDH medidas cautelares tras enfrentamiento en La Ruana

Con la finalidad de que de manera inmediata se tomen las acciones necesarias para proteger a la población y se garantice su integridad y seguridad, tras el enfrentamiento suscitado la tarde de ayer en La Ruana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Michoacán.

Ante el enfrentamiento suscitado en el que murieran once personas, entre ellos Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora, quien fuera uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán, la CNDH inició la investigación de este caso y dispuso que un equipo de visitadores de la oficina regional y de las oficinas centrales, así como médicos y psicólogos, se trasladen a La Ruana para investigar los hechos y entrevistarse con las víctimas y sus familiares, a quienes brindará atención victomológica y acompañamiento.

Por otra parte, los 11 cuerpos de las personas ejecutadas el día de ayer en La Ruana, fueron trasladados a Morelia a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes señaló que en La Ruana continúan las actuaciones ministeriales y se recaban indicios.

Cambio Michoacán

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Política

Presentan demanda contra titular de CNDH

Grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda de Juicio Político contra Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a innumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.

Los ciudadanos Eduardo Gallo, Alberto Athié y Valentina Peralta, voceros del Comité Ciudadano, presentaron esta tarde la denuncia que consta de 107 cuartillas en la que, afirman, se evidencia el Ombudsman nacional “ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional”.

“Estamos muy preocupados por la Comisión. Queremos rescatarla.No consideramos al presidente actual como una persona idónea” para ocupar el cargo, dijo el excura Alberto Athié Gallo. A decir de los demandantes, Plascencia Villanueva ha contravenido lo dispuesto en la Constitución con serias violaciones a los derechos humanos en casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; los miles de migrantes calificados como secuestrados, desaparecidos, extorsionados, reclutados para trata, para el crimen organizado o asesinados; las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia del crimen organizado; el caso de la masacre de San Fernando, entre otros casos.

De igual forma denunciaron casos en los que el Ombudsman tuvo un manejo a “modo” con fines distintos a los de la CNDH.

Agencias