El poeta mexicano Javier Sicilia, pidió ayuda a los gobiernos europeos en la lucha contra la impunidad en México, en donde las estructuras del Estado están penetradas por el crimen. Se teme un estallido social.
El renombrado poeta y escritor Javier Sicilia, (Ciudad de México, 1956), renunció a la poesía para encabezar un movimiento social que ha aglutinado a las víctimas del crimen de todo el país. Su hijo Juan Francisco Sicilia, de 24 años, fue asesinado el 28 de marzo de 2011 junto con otros seis jóvenes a manos del crimen organizado. El movimiento nacional por la paz con justicia y dignidad que Sicilia encabeza, lucha junto con otras organizaciones civiles mexicanas, por el esclarecimiento de numerosos crímenes en un país cuya tasa de impunidad alcanza el 95%. El 26 de septiembre pasado, una serie de ataques de la policía mataron al menos a seis estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, otros 43 siguen desaparecidos. Dicha entidad, que cuenta con joyas turísticas en la costa del Pacífico, como Acapulco o Ixtapa Zihuatanejo, tiene también los municipios más pobres del país, con niveles de miseria que se equiparan a países africanos como Mali o Malawi, según reportes de la ONU.
DW habló con Sicilia por teléfono hasta su residencia en Cuernavaca, Morelos.
Deutsche Welle: Usted se rehusó a ir a la Feria Internacional del Libro de Acapulco en protesta por los 43 estudiantes de Ayotzinapa que siguen desaparecidos, se dice que el gobierno municipal de Iguala y el crimen organizado fueron cómplices en el asesinato de varios estudiantes. ¿Cuál es la situación?
Javier Sicilia: Estamos ante un crimen de Estado, tenemos que decirlo de esa manera, porque es evidente que el Estado está penetrado por el crimen organizado y no sabemos dónde empieza y dónde termina. Acaban de encontrar unas fosas. No se sabe todavía si son los muchachos, esperemos que no lo sean, pero esas fosas evidencian algo terrible. Es la punta del Iceberg de una realidad que viene arrastrándose desde el sexenio pasado y que han tratado de ocultar y que vuelve a ser visible con esta tragedia. La situación es muy grave, no sólo son los 43 desaparecidos, los seis asesinados, los once heridos de la escuela normal de Ayotzinapa, sino que debajo de eso están los 30.000 desaparecidos, los 160.000 muertos y muchas fosas clandestinas y muchos asesinados, de los que el Estado tampoco ha dado cuenta. La situación es terrible y ha puesto en evidencia que estamos ante una emergencia nacional y una tragedia humanitaria.
¿Por qué el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se mantiene en el poder en ese estado? ¿Dónde están los responsables?
Los partidos, los gobiernos locales y el gobierno federal son parte de la misma corrupción. El caso del gobernador de Guerrero es muy claro, no lo tocan, no lo llaman a cuentas y como él muchos gobernadores y funcionarios. Está el caso de Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, donde se han cometido crímenes terribles vinculados con el crimen organizado. Tenemos los casos en Morelos durante el sexenio de Felipe Calderón, donde murió mi hijo, asesinado junto con otros muchachos. El gobierno de Marco Antonio Adame y el anterior, de Sergio Estrada Cajigal, (ambos del Partido Acción Nacional, PAN), están coludidos con el crimen organizado. Ni inculpados hay. La matanza de Tlatlaya en donde están coludidos agentes del ejército que asesinaron brutalmente a unos supuestos sicarios confirma la existencia de vínculos profundos, en donde lo único a negociar es el poder y el control del dinero que fluye a uno y otro lado bajo la lógica de una guerra.
¿Ha pasado la industria criminal a una nueva fase, a la toma del poder, como se ve en Guerrero, en Michoacán y en Tamaulipas?
Esa es una realidad que se vive desde hace mucho. Los crímenes como el de mi hijo hicieron visible en ese momento 40.000 muertos y diez mil desaparecidos y no se han tomado en cuenta a los desplazados. Estamos hablando casi de medio millón de desplazados a causa de esta guerra. La ausencia del Estado y el hecho de que sus representantes estén coludidos con el crimen organizado ha provocado una emergencia nacional que se vive desde hace mucho en el país.
¿Qué papel juega la impunidad de la guerra sucia de los gobiernos del PRI contra los grupos disidentes de Guerrero de los años setentas, que algunos equiparan con las guerras sucias en Chile y Argentina?
No podemos mirar lo que ahora ocurre con el mismo lente. Entonces había una ideología. Como ocurre en los totalitarismos, hubo una represión terrible contra los que esbozaban posturas de izquierda, que eran percibidas como una amenaza política e ideológica. Hoy es más terrible. Se acabó la era de las ideologías y estamos en la era del dinero. Hay un vínculo profundo entre la represión contra los muchachos y el crimen organizado. Es algo que no se puede entender porque es inédito. Es una nueva forma de totalitarismo, de dictadura. Lo que impera ahora es el negocio. La persecución de ese crimen que inventaron contra las drogas, retroalimenta los capitales legales. Y aumenta la verdadera criminalidad, el secuestro, la desaparición de personas.
¿Qué pueden hacer los europeos, la comunidad internacional, para ayudar a la sociedad civil mexicana en el combate de la impunidad?
Como lo plantearon algunos diputados del Parlamento Europeo, lo que pueden hacer otros gobiernos es bloquear los acuerdos comerciales, es lo único que duele a los gobiernos de México. Lo que digamos los ciudadanos, la sociedad civil mexicana, tiene al gobierno sin cuidado. Desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto se ha invertido mucho dinero en la imagen para mostrar que el país cambió. Pero no es así, estamos ante un régimen de impunidad y de criminalidad contra la ciudadanía. Necesitamos la ayuda de la comunidad internacional para reestablecer la paz, la justicia y el Estado de derecho, solos no lo vamos a lograr.
Ya han muerto más de 100.000 personas desde el 2007. ¿Logrará el presidente Enrique Peña Nieto pacificar el país como prometió al inicio de su gestión?
No han entendido la palabra emergencia. El país se está incendiando y eso obliga a llegar a consensos con todos los partidos, los órganos de gobierno y las organizaciones del país, incluso con la Iglesia. Si no se logran esos consensos y se establece una ruta clara para romper con la impunidad, para empezar a hacer justicia, para castigar a los que tenemos que castigar será muy difícil corregir la situación y que el presidente controle algo.
¿Podría derivarse la actual situación en un estallido social?
Yo escuchaba a los padres de los muchachos diciendo que no les creen a las autoridades, diciendo que si no aparecen sus hijos con vida ellos van a empezar a hacer justicia por su propia mano. El nacimiento de las autodefensas, que las autoridades han querido borrar del espacio mediático, el fortalecimiento de las policías comunitarias ya son síntomas de que estamos al borde de un estallido social. El mensaje que están enviando a la ciudadanía es: defiéndanse como puedan. Este puede ser el parteaguas que nos lleve a un horror mayor porque hay mucho resentimiento.
Deutsche Welle
