La fiscalía especializada en delitos electorales tiene abiertas 39 carpetas de investigación por violencia política contra las mujeres, de las cuales 21 casos son por amenaza e intimidación para que renuncien a su cargo como alcaldesas, regidoras o síndicas.
Del total de casos solo siete se presentaron en Chiapas y tres en los estados de Puebla, Tabasco y Tlaxcala, respectivamente, indicó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
Además, seis carpetas se iniciaron como resultado de la “guerra sucia”, por ataques “desproporcionados”, dijo en el segundo y último día de trabajos del foro Llamado a la Acción para la Democracia Paritaria en México, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El funcionario federal señaló que cuatro casos se iniciaron por obstaculización del adecuado ejercicio de las funciones de las funcionarias electorales, y uno tiene que ver con “congelamiento de salarios” en el estado de Puebla.
Un caso más es por abuso sexual, en el estado de Oaxaca, y dos por estereotipos respecto de lo que “puede o no puede hacer” una presidenta municipal o regidor.
Asimismo, dijo que se tiene abierta una carpeta como establece el nuevo sistema penal acusatorio, relativa a una detención arbitraria y dos por casos de discriminación, entre otras.
Nieto Castillo reconoció que la violencia política contra las mujeres no se presenta únicamente en municipios indígenas o con fuerte presencia indígena.
Es decir, “es en cualquier tipo de municipio, es un asunto estructural, urbano-rural-indígena que corta de manera transversal cada uno de los espacios municipales”, subrayó.
Aunado a ello está el hecho de que el país no cuenta con una adecuada protección para poder defender en el ámbito de lo municipal cuando se cometen delitos electorales contra las personas.
En este marco, el funcionario federal refrendó el compromiso de las fiscalías electorales del país, aunque advirtió que solo 16 estados cuentan una instancia especializada en la materia.
Durante la mesa “Llamado para la Acción para la Democracia Paritaria desde el Ámbito Municipal”, el fiscal resaltó la importancia de tipificar como un delito las conductas de violencia política contra las mujeres.
La directora de Desarrollo Jurídico del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Nancy Bernal Zetina, recordó que empoderar a las mujeres es permitirles visibilizar las agresiones de las que son víctimas.
Sin embargo, opinó que el tema de género no existe en las instancias municipales, cuando es la base de los programas de gobierno; por ello, cuando se visibiliza su participación en los cabildos “tenemos la capacidad de otorgarles las herramientas” para transformar esa situación, en favor de un mejor municipio y, por lo tanto, un mejor país.
A su vez, Laura Inés López, integrante de la Red de Apoyo a Mujeres Municipales A.C., destacó que la participación de la sociedad civil es brindar un acompañamiento cercano a quienes son violentadas políticamente para que puedan denunciar y hacer valer sus derechos.
Las mujeres no solo viven la llamada violencia política, sino hostigamiento de habitantes de sus propias comunidades, además de que muchas candidatas viven en municipios violentos, donde se necesitan medidas de seguridad, agregó.
La mesa fue moderada por la directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado.
NTX
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