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El alcalde de Iguala obtiene un amparo contra una posible detención

El alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, obtuvo un amparo de una jueza federal para evitar una posible detención ante los señalamientos de responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la muerte de otras seis personas.

La titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, admitió el pasado lunes una suspensión provisional que deberá confirmarse en una audiencia el 26 de octubre, según los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

‘Se concede la suspensión provisional’, dice la resolución de la juez Robledo Magaña, que ampara al presidente municipal contra cualquier resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra. El amparo queda sin efecto si esa dependencia no emite alguna resolución.

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El procurador Jesús Murillo Karam informó este jueves que la PGR se encontraba en proceso de localización del alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, para que declaren en el caso del tiroteo que dejó seis personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos.

El Congreso de Guerrero inició un proceso de desafuero contra Abarca Velázquez, pero Murillo Karam dijo que, a nivel federal, la PGR tiene la facultad de detenerlo sin importar la protección de la Constitución estatal.

La PGR detalló que el jueves detuvo a cuatro personas más presuntamente relacionadas con el caso, de quienes no dio detalles sobre su identidad ni sobre su grado de involucramiento.

“Le puedo decir que no son policías, pero sí son personas que están relacionadas con los hechos delictivos que estamos investigando”, dijo Murillo Karam.

Con estas cuatro personas arrestadas, suman ya 34 los detenidos por los ataques a civiles y la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala; los otros 30 detenidos incluyen a 22 policías municipales capturados el domingo 28 de septiembre.

Otros cuatro policías municipales arrestados posteriormente; y cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes proporcionaron información para la localización de las primeras seis fosas y que aseguraron haber asesinado a 17 estudiantes por órdenes de el Chucky, un integrante de su grupo criminal.

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