Pocas horas después de que el Senado votó para que se iniciara un juicio político en su contra y la suspendiera del cargo, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff atacó el proceso al que calificó de “fraudulento” y prometió pelear lo que ella llamó una injusticia moral más dolorosa que las torturas que padeció en la pasada dictadura militar.
Rousseff, primera presidenta mujer de Brasil, prometió usar todos los recursos legales a su alcance para defenderse a las puertas de un juicio en que los senadores van a decidir si la van a destituir, o no, por presuntamente hacer maniobras contables ilegales cuando manejó el presupuesto federal.
“Pude haber cometido errores, pero nunca he cometido crímenes”, dijo Rousseff en una alocución de 14 minutos y con la voz entrecortada en algunos momentos. “Es la cosa más brutal que le puede pasar a un ser humano: ser condenado por un crimen que no cometió. No hay justicia más devastadora”.
La decisión del Senado vino después de meses de intensa batalla política en medio de la rabia del pueblo por un enorme escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras y una debacle económica, que arrojó al gigante latinoamericano a la incertidumbre política a solo unos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos.
“Soy víctima de una gran injusticia”, dijo Rousseff ante miles de partidarios al salir del Palacio de Planalto.
Los partidarios de Rousseff, también enfurecidos, consideran que el impeachment es un golpe de estado y amenazaron con realizar protestas a gran escala y huelgas. Los enemigos de la mandataria insisten en que violó la ley y que los profundos problemas políticos, sociales y económicos del país solo pueden solucionarse si la presidenta sale del poder.
La votación, 55 votos a favor y 22 en contra, supone que el vicepresidente y otrora aliado de Rousseff, Michel Temer, asumirá como presidente interino del país. El senado tiene 180 días para celebrar el juicio y decidir si la mandataria debe ser destituida, o no.
“¿Alguien piensa que llegaremos a 2018 con una recuperación con este gobierno? Imposible”, dijo José Serra, que optó sin éxito a la presidencia por el Partido Socialdemócrata en 2010, el año en que Dilma llegó al poder. “El impeachment es solo el inicio de la reconstrucción”.
Rousseff, de 68 años, ha argumentado que no ha sido acusada de cometer crimen alguno y que mandatarios anteriores hicieron las mismas maniobras contables que hoy la tienen suspendida. Ha insistido en que, a diferencia de muchos de los que han presionado para impugnarla, ella no afronta acusaciones personales de corrupción.
Además se dispuso la disolución del gabinete de 27 ministros, lo que se considera allanaría el camino para que Temer nombre a sus propios ministros. Temer ha insinuado que reduciría a 22 el número de funcionarios de gabinete.
Analistas sostienen que Rousseff se metió en problemas por sus bruscas formas y la percepción de su reticencia a trabajar con legisladores, que podrían haberse convertido en aliados. La presidenta, sin embargo, sugirió que el sexismo en una Cámara de Diputados dominada por hombres jugó un papel en el proceso en su contra.
La suspensión de Rousseff y su posible destitución pone fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, o PT, reconocido por haber sacado a unos 35 millones de brasileños de la pobreza extrema en los últimos años pero ha sido vilipendiado por estar al mando del país cuando supuestamente se desviaron millones de la petrolera estatal Petrobras en un entramado de corrupción de otorgación de contratos por sobornos.
Temer, un político de carrera de 75 años, prometió recortar el gasto público y privatizar muchos sectores controlados por el estado. Durante semanas ha estado trabajando discretamente para formar un nuevo gobierno ante la posibilidad de su ascenso al poder, algo que molestó a los partidarios de Rousseff, que lo acusan de formar parte de un complot para derrocarla.
Miembro del centrista Partido Movimiento Democrático, Temer ha insistido en que expandirá los populares programas sociales, aunque también ha dicho que hace falta rigor presupuestario para sacar a Brasil de su agujero fiscal.
Temer se ha visto implicado en el caso de corrupción de Petrobras, al igual que el presidente del Senado y que ahora es el número 2 en la línea de sucesión. El expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que estaba en segundo puesto, fue suspendido de su cargo este mes entre acusaciones de obstrucción a la justicia y corrupción.
El largo debate en el Senado que terminó con su suspensión, comenzó el miércoles por la mañana y se extendió 20 horas en las que docenas de legisladores se pidieron la palabra para expresar sus posturas.
Durante el debate, Humberto Costa, líder del PT en el Senado, alzó una fotografía de Dilma en su época de guerrillera marxista durante la dictadura militar del país, (1964 -1985). En la imagen aparece durante un juicio militar en su contra.
Costa dijo que el impeachment es el segundo juicio injusto que enfrenta Rousseff, y que el proceso es un intento de las clases que tradicionalmente gobernaron el país para recuperar su poder y terminar con las políticas del PT en favor de los pobres.
“La élite brasileña, la clase gobernante, que sigue tratando a este país como su dominio hereditario, no aprecia la democracia”, manifestó Costa.
Sus detractores afirman que utilizó trucos contables para ocultar un déficit disparado y reforzar a un gobierno en problemas.
Cuando el proceso de juicio político comenzó el año pasado en el Congreso, estaba considerado como una apuesta improbable. Incluso en febrero, consultoras como Eurasia estimaban que ni siquiera saldría del comité de la cámara baja.
Pero la iniciativa fue ganando impulso a lo largo de los meses, mientras crecía la indignación de los brasileños por los sucesivos escándalos de corrupción relacionados con Petrobras y las noticias diarias sobre recortes de empleo aumentaban la desesperación.
Se espera que la economía se contraiga casi un 4%, una cifra tan mala como la de 2015, mientras que la inflación y el desempleo rondan el 10%. Los datos subrayan un brusco declive en la potencia sudamericana, que disfrutó de un crecimiento estelar durante más de una década.
La votación en el Senado se produjo después de que la Cámara de Diputados impulsara el juicio político, por 367 votos a favor y 137 en contra.
Los sondeos indican que la mayoría de los brasileños están a favor de impugnar a Rousseff, aunque también indican que el público tiene reparos hacia los legisladores que están en la línea de sucesión.
“Dilma es una mala presidenta, y esperar hasta 2018 era una opción espantosa”, dijo el taxista Alessandro Novais, de Río de Janeiro, unos minutos después de la votación. “No creo que Temer sea mucho mejor, pero al menos podemos intentar algo diferente para superar la crisis”.
Mientras dure el juicio político, Rousseff podrá permanecer en el Palacio Alvorada, la residencia presidencial, dijo Calheiros. Tendrá guardias de seguridad, atención de salud y el derecho de viajar por tierra o aire, además de personal para su oficina y un sueldo, dijo Calheiros, quien se negó a revelar el monto.
“Creo que Brasil ha retrocedido en madurez institucional”, comentó Tiago Cordeiro consultor de medios digitales. “Estoy conmocionado de ver cómo a la gente le parece bien destituir a un presidente sin motivo”.
Para agravar las preocupaciones económicas de los brasileños, la investigación sobre una trama multimillonaria de sobornos en Petrobras implica a docenas de políticos y empresarios de todo el espectro político. Aunque la propia Rousseff no se ha visto implicada, miembros destacados de su partido sí se han visto envueltos en el escándalo y eso ha manchado la reputación de la presidenta.
La presidenta “está pagando por todo”, afirmó el senador Telmario Mota de Oliveira, alegando que no se la puede acusar de todos los problemas de Brasil.
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