Amnistía Internacional, organismo que defiende los derechos humanos y la libertad de expresión, envió una carta la procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, donde manifiesta su preocupación sobre la teoría de lo que pudo haber ocurrido con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El 26 de enero se cumplieron cuatro meses del posible secuestro y ejecución de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, en donde, de acuerdo con datos de la PGR, éstos fueron incinerados y arrojados al Río San Juan.
A continuación la carta íntegra de Amnistía Internacional:
Estimado Sr. Procurador General,
Como es de su conocimiento, Amnistía Internacional continúa observando muy de cerca el contexto mexicano y trabajando para promover la vigencia y el respeto de los derechos humanos de las personas en el país, como parte de su misión global de proteger los derechos fundamentales de todas y todos. En este sentido, Amnistía ha expresado en reiteradas ocasiones y en diversos foros, su profunda preocupación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y el asesinato de 6 personas, entre ellas tres estudiantes de la misma Normal, en hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014. Asimismo, la organización ha acompañado a las organizaciones de derechos humanos que luchan a favor de las víctimas en este caso y ha llevado a cabo distintas acciones de campaña, denuncias y actos de solidaridad internacional para promover la voz de los familiares y de la sociedad civil que exigen la presentación en vida de los estudiantes y el esclarecimiento de los hechos.
En este contexto, el pasado 20 de enero, una delegación de Amnistía encabezada por mi persona en calidad de Directora para las Américas, realizó una visita a la Escuela Normal de Ayotnizapa con el propósito de conversar con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y continuar profundizando la documentación de este caso.
Lamentamos que durante mi visita a México -del 19 al 22 de enero- no se haya podido concretar una reunión con usted a pesar de la solicitud que hiciéramos a través de nuestra Oficina Nacional en México. No obstante, quisiéramos exponer por medio de la presente comunicación, algunas de las serias preocupaciones que tenemos en relación con este caso, mismas que esperamos puedan ser atendidas por la Procuraduría General de la República como institución encargada de la investigación de los hechos:
Investigación de los hechos En este aspecto, nos parece preocupante que la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados públicamente por la Procuraduría, se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas. Las probanzas señaladas por usted en su reciente conferencia de prensa podrían ayudar a confirmar que en el basurero del municipio de Cocula ocurrió un incendio en el que fueron destruidos restos humanos, pero la vinculación de ese hecho con los estudiantes desaparecidos se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias, y con un mínimo de pruebas periciales.
Al parecer, la única prueba pericial que señala la posible presencia de los estudiantes sujetos a desaparición forzada en el evento ocurrido en el basurero de Cocula es la identificación de restos óseos encontrados en un río cercano. Sin embargo, recordamos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha señalado que, pese a su presencia en la zona y su participación en otros hallazgos, “El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza”.
Ha sido de nuestro conocimiento que algunos de los imputados han alegado haber sido torturados durante la detención. Como sabe, Amnistía Internacional ha manifestado que la tortura en México es una de las problemáticas de derechos humanos que más preocupa a nuestro movimiento internacional y, por lo tanto, le hacemos un llamado para que se investiguen todas las alegaciones hechas por los detenidos y se determine si han sido víctimas de tortura. Asimismo, resulta de suma gravedad que hasta el momento ninguno de los detenidos haya sido sometido a proceso por cargos de desaparición forzada, siendo que las obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con sus compromisos internacionales, así lo exigen.
Por otra parte, preocupa el reciente anuncio hecho por la PGR sobre el agotamiento de líneas de investigación y, en particular, la negativa a abrir otras líneas que impliquen atender denuncias sobre la posible participación de las fuerzas armadas en los hechos de desaparición, ya sea por omisión o acción. Amnistía Internacional cree firmemente que cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas específicas de las víctimas que, en este caso, han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre el conocimiento de la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial del Batallón 27 en Iguala. El testimonio de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de septiembre de 2014 indica una interacción hostil y amenazante con efectivos militares durante la noche en que desaparecieron sus compañeros, ante esto, no es suficiente alegar la falta de pruebas sobre la participación militar, sino que, precisamente, se debe investigar dicha posibilidad para encontrar las pruebas que apoyen o descarten esta tesis.
Consideramos que el contexto de violaciones de derechos humanos en México, y del Estado de Guerrero en particular, en donde se ha documentado en diversas oportunidades el involucramiento, por acción u omisión, de agentes militares en abusos a los derechos humanos de la población civil, deberían inducir a la PGR a impulsar esta línea de investigación de forma eficiente y transparente y no descartarla.
Deslegitimación de las demandas de familiares y defensores de derechos humanos Amnistía Internacional lamenta el incidente ocurrido el pasado 12 de enero en el que soldados del Batallón 27 de Iguala se enfrentaron con los padres de los normalistas, en el intento de estos últimos de ingresar a las instalaciones militares. Estas acciones llevadas a cabo por los familiares, son producto de su frustración ante la falta de una investigación exhaustiva que incluya atención a las denuncias de involucramiento de fuerzas militares en los actos del 26 y 27 de septiembre. Preocupan, además, las declaraciones de algunos voceros del gobierno que resaltan la labor de las fuerzas armadas y deslegitiman el interés de los familiares en que se abran nuevas líneas de investigación; acusándolos de “querer generar desconocimiento” o querer involucrar [al] Ejército, como declaró el Secretario de Gobernación.
Preocupa también a Amnistía Internacional, las descalificaciones que han venido realizando instituciones gubernamentales contra las y los defensores de las víctimas. El trabajo de las y los defensores de derechos humanos es una tarea absolutamente vital en todo Estado. Su integridad física y su ética profesional deben ser protegidas por las autoridades de cualquier país en el que desarrollen su labor.
Reiteramos la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas desaparecidos, fortaleciendo todos los mecanismos, hasta tanto no agotar todas las líneas de investigación posibles. En este sentido, es imprescindible que la Procuraduría a su cargo genere, en conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los acompañan, una estrategia integral y un plan de búsqueda, que tenga como sustento la investigación y que esté apoyado por el uso de la tecnología y otros medios útiles para ello.
Amnistía Internacional continúa firme en su compromiso de apoyar a las víctimas y organizaciones de derechos humanos en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en muchos otros casos de violaciones de derechos humanos en México. Dentro de este compromiso por promover nuestra misión global de defensa y protección de los derechos humanos seguimos abiertos a mantener interlocución con las autoridades e instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones y abusos a las garantías y derechos fundamentales. Esperemos que las preocupaciones aquí expuestas puedan encontrar respuesta desde su despacho y sirvan para impulsar el diálogo con las autoridades mexicanas.
Nos despedimos atentamente y quedamos atentos a su amable respuesta, Erika Guevara Rosas Directora del Programa Regional para América.
El Economista
