El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza asesoró a Pablo Wallentin entonces directivo de OHL México, sobre la forma en que se debería conducir esa empresa contra Infraiber, la compañía que el gobierno del estado de México contrató para monitorear el aforo vehicular en autopistas de la entidad y a la que luego se le canceló el contrato.
La presunta asesoría fue dada a conocer en una nueva grabación difundida de manera anónima en la que Ruíz Esparza dice que “Infraiber ni tiene como defenderse porque no hay acción contra el gobierno del estado, porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó con OHL ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.
La conversación habría tenido lugar el 7 de abril de 2015, sin embargo Ruiz Esparza dijo hoy en entrevista radiofónica que se trata de una grabación “indebida y manipulada”, que no se entiende y que se dio a conocer porque “esta gente” (Infraiber) está muy enojada debido a que el Poder Judicial del estado de México determinó que el convenio para que midiera el aforo era muy caro y perjudicial para los automovilistas.
El funcionario dijo que el fondo del asunto, de sacar grabaciones “manipuladas” y tantas “presiones” consiste en que el convenio era para que durante 20 años Infraiber cobrara 50 centavos por cruce a cada usuario para medir el aforo, monto que Ruíz Esparza calificó como muy alto porque “nosotros cobramos 12 centavos”.
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Más tarde en un comunicado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que las grabaciones en las que presumiblemente participa Ruíz Esparza o se le menciona son “ilegales, editadas y manipuladas que pretenden desorientar a la opinión pública”.
En una entrega de conversaciones previa a la de ayer, se habló de que OHL México habría pagado la estancia de Ruíz Esparza en un hotel de la Riviera Maya propiedad de la empresa. Hecho que fue negado por el funcionario y la compañía.
Sobre la conversación en la que el supuesto Ruíz Esparza explica a Pablo Wallentin la situación de Infraiber ante la anulación del convenio, y el hecho de que los concesionarios no lo hubieran firmado, la SCT explicó que en esos audios “ilegales y manipulados dan a conocer un convenio que se le adjudicó de manera directa por parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del estado de México (SAASCAEM) a la empresa Infraiber, con el propósito de que midiera los aforos de todas las autopistas concesionadas de la entidad. Se sabe que el convenio marco establecía un plazo de hasta por veinte años y un valor de varios cientos de millones de pesos”.
La SCT se refirió a los hechos sin hacer afirmaciones contundentes, al señalar que “se sabe que ninguna empresa concesionaria quiso firmar contrato alguno con Infraiber, requisito indispensable para que el convenio tuviera vigencia, situación que generó molestia e inició diversas confrontaciones.
“Se sabe que la razón principal del rechazo y por lo tanto de la no suscripción del contrato, era el cobro de hasta 50 centavos por cruce vehicular, costo fuera de mercado, sin justificación alguna, que hubiera tenido que ser pagado por los usuarios de las autopistas.
“Según información recibida, el área jurídica del gobierno del estado de México, de manera justa y fundada defendió la no aplicación del convenio en juzgados federales. Posteriormente, se sabe que en consecuencia el Consejo Directivo del SAASCAEM declaró la invalidez y nulidad del Convenio Marco, publicándolo en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estad”.
La dependencia aseguró que a partir de la resolución “se intensificaron ataques y audios ilegales, editados y manipulados en contra de diversas instancias, así como exigencias para restaurar la validez del convenio declarado nulo, ya que por la vía legal no les fue posible”.
La SCT consideró que consideró que con lo expuesto se “aclara debidamente el contenido referido en los audios editados y manipulados que mencionan al convenio marco de Infraiber, como causa de todo el problema, el cual como se ha mencionado fue juzgado como invalido y nulo”.
La Jornada
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