Alcalde de Iguala es acusado por homicidio, lesiones y desapariciones

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Al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se le acusa como probable responsable de los delitos de homicidio, lesiones y desaparición forzada de personas, por la agresión a estudiantes normalista el pasado 26 de septiembre.

El procurador estatal, Iñaky Blanco, expuso que el edil fue omiso al no tomar los cuidados necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos y en general de la población, lo que se tradujo en múltiples conductas ilícitas.

El presidente municipal de Iguala “tuvo la obligación jurídica para actuar y evitar el resultado típico, siendo que prefirió ir a una fiesta y después retirarse a cenar y después a dormir”, señaló en rueda de prensa en las sede de la Promotora Turística de Acapulco.

Indicó que se encuentra debidamente acreditado que teniendo la calidad de garante, el edil con licencia fue omiso en su deber.

Con esa omisión, dejó “a merced de elementos de Seguridad Pública a los hoy víctimas, pues ello trajo como resultado seis homicidios, 25 lesionados y 43 estudiantes en calidad de desaparecidos”, agregó.

Blanco comentó que las investigaciones por el caso Iguala continúan y se ha detenido a 30 personas, entre policías y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Refirió que los detenidos Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio (a) “el Patachín”, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, declararon ante el Ministerio Público que son parte del grupo delincuencial denominado “Guerreros Unidos”.

Asimismo, éstos identificaron a distintos policías municipales como integrantes de esa organización, además de que aceptaron haber participado en el tráfico de drogas, secuestros y homicidios.

A decir del procurador estatal, este día se amplió el ejercicio de la acción penal en contra de Francisco Valladares, director de la policía municipal de Iguala.

Valladares es señalado por uno de los cuatro integrantes del grupo “Guerreros Unidos” de que él instruyo a los elementos municipales de acudir al sitio donde estaban los normalistas y detenerlos, además de estar vinculado con la delincuencia organizada, precisó.

Sobre el trasladados de 22 policías municipales de Iguala al Centro federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit, dijo que fue por orden de la federación y que solamente la Fiscalía General de Guerrero fue notificada por su autoridad penitenciaria.

“Ya fueron trasladados a un Cefereso, ese es un aspecto de carácter federal; sí, tengo conocimiento de ello en razón de que fui informado por la autoridad penitenciaria”, refirió.

“Tengo entendido que mediante el convenio establecido entre la federación y estado para internos que requieren de medidas de seguridad y vigilancia estas personas fueron trasladadas”, añadió.

Aseguró que no hay investigación en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde con licencia de Iguala, por el asesinato del luchador social Víctor Cardona, y sólo hay trascendidos sobre nexos con grupos de la delincuencia organizada.

”Nadie ha acudido a la procuraduría a denunciar hechos en este sentido y tendría que ver o estaríamos hablando de aspectos de temas vinculados a la delincuencia organizada, porque hay un sin fin de trascendidos sobre el particular”, acotó.

“Se habla de investigaciones no de ahora sino de muchos años, en cuanto a los hermanos de la señora, pero en la fiscalía general del estado no tenemos una denuncia en contra de ella”, apuntó.

Blanco dijo que se espera a que División Científica de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y los peritos argentinos determinen la identidad de los 28 cuerpos encontrados en las seis fosas en Iguala, lo que podría tardar de 15 días a dos meses.

“Sería irresponsable manejar información que no esté corroborada, en efecto, en el lugar se encontraron seis fosas con 28 cadáveres”, anotó.

“Nosotros debemos de esperar al resultado de las periciales en materia de genética forense, el ministerio público requiere como en varios casos el resultado de las periciales, necesitamos tener un soporte técnico científico”, puntualizó el procurador estatal.

NTX

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