La Red por los Derechos de la Infancia en México condenó “tajantemente el absurdo jurídico” que sustenta la decisión del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado el pasado 23 de enero en contra de Diego Gabriel Cruz, uno de los jóvenes participantes de un acto de violencia sexual tumultuaria, bajo argumentos “incongruentes y desvirtuando el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental” donde no se observa intención “lasciva” ni la intención de “copular””.
La decisión, refiere el comunicado, representa un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad.
Es obligación del Estado proteger los derechos de niñas y niños víctimas; de proporcionarles servicios jurídicos en el marco de sus derechos humanos, y tener en cuenta el interés superior del niño y la perspectiva de género en cualquier actividad vinculada con el sistema judicial. La justicia no solo se basa en las Leyes nacionales, sino que debe ser ejercida a partir de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN).
Redim exige a la Fiscalía del Estado de Veracruz a interponer de forma inmediata el recurso de revisión, de la resolución emitida por el Juez Anuar González Hemadi. Así como iniciar una investigación inmediata sobre su independencia y capacidad jurídica para ejercer un cargo de alta responsabilidad que está en duda con este tipo de sentencias.
Además que el Tribunal Colegiado realice un análisis exhaustivo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.
Al Gobierno de Veracruz demanda desarrollar inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos, y brindar acceso inmediato a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.
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